Dicho plan tendrá una inversión de 10.188 millones, el 49% más que el anterior, movilizará 34.000 millones para préstamos, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
El plan, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, que se destinarán a permitir el acceso a los ciudadanos a viviendas en compra y, especialmente, en alquiler, promover la urbanización de suelo para viviendas protegidas (VPO) y mejorar actual parque de inmuebles.
Además, amplía el ámbito de las ayudas para atender a las familias de rentas medias, de forma que se extiende la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de 4.000 euros a los hogares con ingresos de hasta 31.449 euros anuales. El alquiler es una de las líneas estratégicas del plan, de forma que hasta el 40% de las nuevas VPO podrán ser arrendadas (unos 100.000 inmuebles), a las que habrá que sumar otras 70.000 tras su rehabilitación.
Nace la figura del alquiler con opción de compra mediante la que se podrán arrendar las viviendas durante 10 años, tras los que el inquilino podrá comprarla con un descuento del 30% de los pagos por el alquiler.
Para aumentar el parque de viviendas protegidas en alquiler se establecen subvenciones de hasta 410 euros por metro cuadrado útil, ayuda que podrá ser percibida para las viviendas libres no vendidas recalificadas como VPO para alquiler. Como novedad, el plan también incluye actuaciones para la rehabilitación de viviendas como las ayudas Renove para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, a las que se añadirán los 110 millones procedentes del Fondo de la Economía y el Empleo para la puesta en marcha inmediata de sus primeras actuaciones.
La rehabilitación de viviendas se subvencionará con hasta 3.400 euros que podrán llegar a 6.500 cuando se destine al alquiler durante 5 años.
Además, se incluyen las personas dependientes, separadas y divorciadas al corriente del pago de las pensiones, afectados por situaciones catastróficas, personas sin hogar o procedentes de erradicación del chabolismo como colectivos de protección preferente que requieren la ayuda del Estado para disponer de una vivienda.
